Si el agua de ríos y mares no fuera transparente, no existiría vida. Del mismo modo, no puede existir vida responsable si las empresas no son transparentes como el agua. Esta parece ser la reflexión que cada vez va tomando más fuerza en los despachos regulatorios de los distintos países, obligados a su vez a tomar iniciativas en el ámbito de la RSC.

Lo cierto es que si hace tiempo se abandonó, por lógica, la idea de regular la RSC en su conjunto (aunque en países como Venezuela sí se ha hecho), pues es un contrasentido que si la RSC es aquello voluntario que se hace más allá de los mínimos legales, la RSC se “regule” por Ley… En fin, lo que sí en cambio ya se apuntaba hace tiempo, y la crisis lo ha agudizado, es la necesidad de obligar las empresas a que sean transparentes hacia sus grupos de interés.

Y es que hay una verdad incuestionable en esto de la crisis: ésta ha sido causada por falta de ética en los negocios, por no existir una RSC real, transversal, integrada en el core business de los negocios. Los negocios pues tienen que poder ser observados a través de un gran hermano colectivo, como si en un acuario casino actuaran.

Hasta ahí bien, supongo que es el camino lógico. Lo que me preocupa es que sólo se esté hablando de determinadas empresas, empresas cotizadas en bolsa, o empresas que quieran ser contratadas por los gobiernos. Pero… ¿y el resto? No sé ustedes, per personalmente me preocupa sobremanera que El Corte Inglés, podría poner otros ejemplos, sea como una caja negra de la que nadie sabe qué pasa dentro, y simplemente porqué es empresa familiar, quedará exenta de reportar, de ser transparente. Tampoco está muy claro qué pasa con las filiales de empresas globales: desde la óptica de una región concreta, la información de obligado cumplimiento va a estar, en el mejor de los casos, segmentada o difícil de encontrar en el reporte de RSC de la empresa matriz (claro, siempre y cuando ésta cotice en mercados de valores).

Esa es una cuestión relevante. Otra: hagamos una reflexión: los reportes “voluntarios” GRI nivel A se han convertido en el pan de cada día, como mínimo en España, pero cuando se profundiza en ellos vemos graves deficiencias (p.e. un clásico de memorias de grandes empresas es ver referido un determinado indicador GRI a un amplio intervalo de páginas, sin quedar nunca claro qué es exactamente lo que nos dicen). La cuestión pues de cuál es el estándar contra el cual reporten las empresas, es una cuestión altamente “material”. Pues qué va a solucionar obligar por Ley a las empresas a reportar, si la mayoría lo hace ya por GRI y sus memorias son, en el mejor de los casos, infumables.

Para terminar sólo se me ocurren tres sugerencias a los gobiernos que deben decidir qué regular:

  1. No regular simplemente porqué toca, sino por convencimiento de que la ausencia de transparencia es la causa de todos los males. Pero asumir que no es la solución definitiva, en absoluto, y hay que introducir herramientas adicionales de acompañamiento y assurance social, como por ejemplo veedurías ciudadanas.
  2. Definir un amplio abanico de empresas que deben reportar, no sólo las cotizadas, no sólo las que trabajen con los gobiernos… Acaso debamos aplicar el principio de materialidad mismo a la selección, y hacer reportar a las que los grupos de interés consideren clave.
  3. Hay que ir más allá del GRI en cuestiones de formatos de reporte, pues éste no parece cubrir todos los aspectos de “transparencia” necesarios, o acaso nuevamente el assurance sea la clave para contrastar la información.

¿Qué creen ustedes?